La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, detalló la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de sus leyes secundarias, que fortalecen el sistema de responsabilidades de personas morales, en los ámbitos penal y administrativo.
En el marco de una sesión conjunta entre el ACWG-G20 y el GTC-OCDE, presentó el posicionamiento del gobierno de México y las acciones emprendidas para implementar en el país la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el encuentro, explicó la reforma al artículo 222 bis del Código Penal Federal sobre cohecho internacional, las estadísticas sobre casos de cohecho en el Poder Judicial de la Federación y el trabajo conjunto con el sector privado para favorecer la creación y promoción de un Programa de Integridad Empresarial.
También compartió con la comunidad internacional los compromisos anticorrupción asumidos por México, derivados de la renegociación de los tratados comerciales recientemente aprobados.
Además, destacó como buena práctica del Estado mexicano el Protocolo Anticohecho, recientemente adoptado por el Comité Coordinador del SNA.
Durante la reunión que se realizó en la ciudad de París, Francia, explicó que este Protocolo incluye las mejores prácticas internacionales en materia de combate al cohecho transnacional, considera aspectos como la solución de problemas de jurisdicción y extraterritorialidad, la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas, el intercambio de información entre autoridades y el mejor aprovechamiento de los mecanismos de cooperación internacional.
Gómez González encabezó la delegación mexicana que participó, los días 8 y 9 de octubre, en la Tercera Reunión 2018 del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del G20; y en la Tercera Reunión Plenaria 2018 del Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE.
Los principales temas que se abordaron en el G20 son el Plan de Acción del ACWG, los principios de alto nivel sobre conflictos de interés en el sector público y la integridad en las empresas paraestatales.
El ACWG-G20 fue creado en 2010 y su objetivo es formular recomendaciones sobre la forma en que las principales economías del mundo pueden contribuir a los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción.
Por otra parte, el GTC fue creado en 1994 y vigila el cumplimiento de la Convención Anticohecho.
La Convención Anticohecho de la OCDE establece medidas para disuadir, prevenir y sancionar a personas y empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a servidores públicos que participan en transacciones comerciales internacionales.
Es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de corrupción y soborno a servidores públicos. Cuenta con 44 Estados parte; México la ratificó en 1999 y hoy se encuentra en la Fase 4 de su implementación.
La delegación de México que participó en estos encuentros está integrada, además de la SFP, por expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.